Proceso selectivo nuevo pronunciamiento judicial
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencia 465/2025). Las Palmas de Gran Canaria.)ha puesto de relieve la importancia de una estrategia de defensa meticulosa y bien ejecutada en los procesos de selección pública. El caso, centrado en la impugnación de la valoración de méritos en una convocatoria para bomberos-conductores en Lanzarote, ofrece valiosas lecciones sobre cómo revertir decisiones administrativas a través de argumentos jurídicos sólidos y pruebas contundentes.
Identificación de Errores Materiales
El primer pilar de la estrategia defensiva fue la detección y exposición de errores concretos en la asignación de puntos por méritos a los candidatos. La defensa demostró que parte de la puntuación otorgada a uno de los aspirantes provenía de la valoración de cursos y certificaciones no relacionados directamente con las funciones del puesto, así como de la duplicidad en la contabilización de méritos y la inclusión de títulos caducados o no válidos para el proceso.
Este enfoque permitió que, en primera instancia, el juzgado reconociera parcialmente el error, reduciendo la puntuación del candidato afectado. Sin embargo, la defensa insistió en que la corrección era insuficiente, aportando pruebas adicionales que evidenciaban la persistencia de irregularidades.
Argumentación sobre la valoración de los Méritos
Otro aspecto clave fue la insistencia en que los méritos valorados debían estar directamente relacionados con las funciones del puesto de bombero-conductor. La defensa subrayó que la inclusión de cursos ajenos a la actividad profesional específica vulneraba los principios de igualdad y meritocracia, favoreciendo arbitrariamente a determinados candidatos.
Asimismo, se puso de manifiesto la improcedencia de valorar méritos por duplicado y de aceptar certificaciones caducadas, lo que atentaba contra la objetividad y transparencia exigidas en los procesos selectivos públicos.
Cuestionamiento Global de la Metodología de Evaluación
La defensa no se limitó a señalar errores puntuales, sino que impugnó de manera sistemática la metodología empleada por el tribunal de selección. Argumentó que la falta de criterios claros y la aplicación arbitraria de los baremos de méritos suponían una vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como del derecho a la tutela judicial efectiva.
Esta impugnación global fue determinante para que el tribunal de apelación revisara en profundidad todo el proceso de valoración y no solo los aspectos concretos inicialmente señalados.
Aportación de Pruebas y Razonamientos Jurídicos Exhaustivos
Las alegaciones de la defensa se sustentaron en una sólida base probatoria, con documentación que acreditaba la falta de relación de ciertos cursos con el puesto, la caducidad de certificaciones y la duplicidad en la valoración de méritos. Además, se apoyó en jurisprudencia y doctrina administrativa que refuerza la exigencia de objetividad y transparencia en los procesos selectivos, así como en la obligación de motivar adecuadamente las decisiones.
Insistencia en la Corrección Integral
Lejos de conformarse con una corrección parcial, la defensa mantuvo una postura firme en la exigencia de una revisión completa de la puntuación. Esta insistencia fue clave para que el tribunal de apelación reconociera la existencia de irregularidades sistemáticas y no meros errores aislados, lo que finalmente llevó a una reducción significativa de la puntuación del candidato afectado.
Defensa de los Principios de Igualdad y Transparencia
La estrategia de defensa se articuló en todo momento en torno a la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de la transparencia y objetividad en la actuación administrativa. Se argumentó que cualquier desviación de estos principios no solo perjudicaba a los recurrentes, sino que comprometía la legitimidad del proceso selectivo en su conjunto.
Conclusión
El éxito de la defensa en este caso se tradujo en la estimación de sus pretensiones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no solo corrigió la puntuación de uno de los candidatos, sino que sentó un valioso precedente sobre la necesidad de extremar el rigor en la valoración de méritos en los procesos de selección pública.
La sentencia desestimó el recurso de la administración, que pretendía mantener la valoración original, y reconoció la validez de los argumentos defensivos sobre la existencia de irregularidades y la necesidad de su corrección integral. Además, la no imposición de costas reflejó el reconocimiento de la complejidad del caso y el acierto de la estrategia de la parte apelante.
En definitiva, este caso ilustra cómo una estrategia de defensa basada en la identificación precisa de errores, la impugnación global de la metodología, la aportación exhaustiva de pruebas, la insistencia en la corrección integral y la defensa de los principios fundamentales del acceso al empleo público, puede revertir decisiones administrativas inicialmente desfavorables y sentar importantes precedentes en materia de transparencia y objetividad en la función pública.
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